viernes, 22 de junio de 2012

EDUCACIÓN O ADIESTRAMIENTO
Alberto Sanfrutos

La asignatura de Educación para la Ciudadanía será sustituida por una de


formación "cívica y constitucional" que, según el Ministerio de Educación del

gobierno del Partido Popular, estará "libre de cuestiones controvertidas y de

adoctrinamento ideológico". Curiosamente, la Conferencia Episcopal Española

que, en contra de la opinión de la inmensa mayoría de la comunidad educativa

incluidos los centros concertados, impulsó el boicoteo a esta asignatura común

a toda la Unión Europea, ha aplaudido esta decisión del ministro Wert.

Una asignatura que enseña respeto a la diversidad, las relaciones personales,

la vida en comunidad, la igualdad entre hombres y mujeres, la Constitución o

los derechos humanos, será sustituida por otra cuyo temario consistirá en una

serie de nociones basadas en consignas dictadas por los elementos más

reaccionarios de la iglesia católica. Así, mientras que criticamos, con toda la

razón del mundo, el ascenso del integrismo fanático y reaccionario en los

países de religión musulmana, en España se permite que sea la facción más

recalcitrante y carca de la institución eclesial la que determine cuáles son los

aspectos que han de regir el desarrollo de la vida en común de todos los

ciudadanos, que no súbditos o borregos, en un país como el nuestro,

democrático, aconfesional, bajo la tutela efectiva del derecho y que, en teoría,

disfruta de todas las libertades que garantiza la Constitución.

Con esta contrarreforma de espíritu tridentino, el punto de vista

ultraconservador de los jerarcas de la Iglesia en España con respecto a la

sexualidad (dirigida únicamente a la procreación y dentro del matrimonio); el

divorcio (lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre); el aborto (negación

del derecho reproductivo y sexual de las mujeres); o la familia (la única posible

es la formada por un hombre y una mujer), se impone a la manera libre de ver

las cosas de una sociedad totalmente secularizada y alejada hace muchos

años de las tesis de la carcunda eclesiástica; un poder fáctico que no condena

la pena de muerte, que identifica a las abortistas con asesinas, y que aspira, y

parece que va a conseguirlo, a que lo que ellos catalogan como “pecados

mortales”, es decir, el sexo libre, el aborto, la homosexualidad, el relativismo y

el laicismo, sean temas que no deben ser tratados ni formar parte de la

educación de nuestros ciudadanos en ciernes.

Esta manera de actuar del PP es consecuente con un concepto de ciudadanía

muy alejado de lo que la inmensa mayoría entiende como tal, es decir, “el

conjunto de las personas de un pueblo o nación, dotadas de una madurez de

pensamiento, con criterio propio y con plena libertad de palabra y acción”, y,

por el contrario, muy próximo al concepto que de los ciudadanos tiene la

iglesia, es decir: una grey, un rebaño, un ganado bajo la tutela de sus pastores,

un conjunto de súbditos eternamente menores de edad que deben mirar y

seguir de manera ciega unas máximas, unos mandatos, unas directrices, unos

dogmas predicados por los ulemas o los obispos, que son los únicos

poseedores de la verdad.

Pues ya puestos, le sugiero al ministro Wert que, en lugar de una descafeinada

formación "cívica y constitucional” sustituya directamente la Educación para la

Ciudadanía por el añorado Catecismo del padre Jerónimo Ripalda

jueves, 14 de junio de 2012

Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
Existe una percepción bastante generalizada en España que considera que “el banco somos todos”. El dinero de la banca es el dinero de todos. Tal dinero son los depósitos de la mayoría de la ciudadanía que tiene sus ahorros depositados en la banca. En otras palabras, se asume que el dinero que existe y/o se utiliza por el banco es el depositado por cada uno de los ciudadanos, resultado de su ahorro, de sus nóminas o de sus pensiones, sean éstas públicas o privadas. Ésta percepción es promovida por los propios bancos que quieren transmitir el mensaje de que ellos desempeñan una función social, la de guardar el dinero de la ciudadanía, pagándoles unos intereses como incentivo, a la vez que ofrecen crédito a las personas y a las empresas que lo necesiten. La existencia de tal crédito es la función social que justifica su existencia. De esta percepción se deriva el mensaje que la banca y el Banco de España transmiten a los medios y que está calando en la población: intervenir y penalizar a la banca es penalizarnos a todos nosotros.
Esta percepción, sin embargo, es profundamente errónea. En realidad, la mayoría de ciudadanos no tiene mucho dinero en la banca, ni directa ni indirectamente (como en pensiones). Sería muy interesante poder corroborar los hechos con los datos pero, no podemos hacerlo en España, donde la opacidad estadística, tanto en temas de distribución de la renta como de la propiedad, hacen difícil conseguirlos. Además, los existentes no son creíbles. Fíjese el lector que, según los últimos datos de la OCDE (que extrae sus datos de las cifras oficiales del Estado español), el nivel de renta de la decila superior de España es de 32.000 euros. Cualquier persona que va por las partes alta de las grandes ciudades puede ver que los súper ricos tienen muchos más ingresos que los que constan en sus declaraciones de renta. (Tal opacidad es incluso más acentuada en el sistema financiero, como bien ha mostrado el colapso de Bankia).
Estados Unidos, sin embargo, sí que tiene datos más fiables. Y es más que probable que la distribución de la renta y de la propiedad en España sea bastante semejante a la de EEUU (España, junto con EEUU, es uno de los países más desiguales de la OCDE, el grupo de países más ricos del mundo). Pues bien, la gran mayoría de estadounidenses tienen muy poca propiedad financiera. Ésta está muy concentrada. La decila superior de la población estadounidense posee el 90% de todos los bienes financieros, siendo los más comunes sus acciones bancarias y sus pensiones. En realidad los súper ricos, el 1% de la población, posee el 38% de estos bienes financieros. La mayoría de la población sólo posee su casa, aunque poseer, poseer, es un decir. El banco es el que la posee, y el que vive en ella le paga al banco la hipoteca.
Cuando estamos hablando de los bancos, por lo tanto, estamos hablando predominantemente del dinero de una minoría: de los ricos y de los súper ricos. De ahí que sería razonable decir que cuando hablamos de los bancos no estamos hablando del conjunto de la población sino de los sectores más adinerados y de los gestores de su dinero (los banqueros). De ahí que también sería aconsejable que –tal como propone el que fue Secretary of Labor (Ministro de Trabajo) durante la Administración Clinton, y hoy Profesor de Políticas Públicas de la Universidad de California, el Sr. Robert Reich, se gravara a los banqueros, a los accionistas, y a los que tienen la mayoría de depósitos, haciéndoles pagar un 2% en sus bienes financieros, justificándose tal medida por los enormes beneficios que la banca ha alcanzado durante todos estos años de bonanza, beneficios conseguidos predominantemente de la especulación, incluida la especulación bancaria. Ello conseguiría en EEUU 70.000 millones de dólares más para el Estado (haciéndoles pagar tal 2% a los que tuvieran más de 7.2 millones de bienes financieros).
No estaría de más que se implementara esta política aquí en España, donde la concentración de la propiedad es igualmente acentuada. Hoy, las ayudas públicas al sector bancario español han alcanzado el nivel del 10% del PIB sin que con ello se haya resuelto el problema del crédito. Si a ello se añaden los 100.000 millones del rescate bancario, resulta que tal cifra ha doblado este porcentaje, alcanzando más del 20% del PIB, sin que ello haya facilitado o facilite en el futuro la provisión del crédito. Por cierto, es difícil de entender que estos 100.000 millones de euros que se gastarán supuestamente en la reestructuración del sistema financiero (a unos intereses que pueden significarle a la banca, según el Comisario de la Unión Europea, el Sr. Joaquín Almunia, casi un 8%) consigan lo que no han conseguido los casi 500.000 millones de euros que los bancos españoles e italianos han recibido desde el pasado diciembre del BCE a unos intereses de sólo un 1%. Tal rescate no resolverá el problema de la banca española, pues no se está tocando el problema clave que provocó la crisis: la burbuja inmobiliaria.
Todavía hoy hay más de tres millones de pisos vacíos (3.417.064 viviendas, según el Ministerio de Fomento). Durante el boom inmobiliario se construyeron 800.000 viviendas al año, más que Alemania, Gran Bretaña y Francia juntas. Los precios subieron un 155% durante una década, crecimiento artificial, que no se correspondía con el crecimiento del nivel de vida del país, y que se consiguió gracias a las prácticas especulativas de la banca. Cuando la burbuja explotó (debido al parón de transferencias del dinero de la banca alemana, contaminado por los “productos tóxicos” de la banca estadounidense), la banca española quedó estancada con sus propios productos tóxicos, las hipotecas, que no se podían pagar y continúan sin poder pagarse. Tales activos representan 150.000 millones de euros (equivalente al 15% del PIB). Y ahí está el problema, que requiere para su solución una intervención pública que el Estado español es reacio a tomar debido al enorme poder de la banca. Debería haberse resuelto a base de llenar estas casas vacías con familias que pagaran alquileres o hipotecas asumibles, penalizando a los bancos que se resistieran a tales medidas (en Dinamarca se multa a la vivienda que esta vacía durante más de seis semanas). Y muchos bancos deberían haber sido nacionalizados, con anulación de la deuda privada en gran número de casos. En lugar de ello, el Estado español ha escogido ayudar a los bancos a costa de los intereses de la población. Y de esto es de lo que no se habla. Las raíces de la crisis financiera -el excesivo poder de los ricos y de los súper ricos en España y de sus bancos- no se está ni siquiera tocando. Y así estamos.

martes, 12 de junio de 2012

DECLARACION DE LA COMISIÓN EJECUTIVA FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA
 

IU rechaza el rescate que quiere salvar el agujero especulativo de los bancos
españoles con deuda pública que pagaremos toda la ciudadanía.

La Comisión Ejecutiva Federal de IU, reunida con carácter extraordinario el día 11 de
junio, ha acordado:

1.- Rechazar el Plan de Rescate del sistema financiero español impuesto por el
Eurogrupo y su aceptación por el Gobierno de España. Este rescate consiste en salvar
los agujeros especulativos de la banca con la deuda pública, que tendremos que pagar
toda la ciudadanía (a través de la devolución del principal de los créditos que se
soliciten) y con más déficit (mediante el pago de los correspondientes intereses). Con
ello, se debilita la posición financiera del Estado español y se obliga a nuevos recortes
de gastos, con todas sus consecuencias sobre los servicios sociales, para mantener el
objetivo de déficit. El comunicado del Eurogrupo, frente a lo que dice el Gobierno, si
incorpora nuevas exigencias al transformar las recomendaciones en obligaciones para
lograr el cumplimiento del déficit y al establecer una estrecha vigilancia sobre la
economía española. Estamos ya intervenidos de hecho, tutelados en nuestras
decisiones económicas y fiscales, y sometidos a un control riguroso.

2.- Considerar que las explicaciones dadas hasta ahora por el Gobierno (tanto por el
ministro De Guindos como por su Presidente, Mariano Rajoy), son falsas, patéticas y
contradictorias. Ese tipo de explicaciones faltan el respeto democrático al pueblo y a
las fuerzas políticas, sindicales y sociales. Lejos de ayudar a resolver los problemas
existentes, debilitan la posición y el prestigio internacional de España. Es Alemania
quien ha impuesto sus condiciones. Este Gobierno no defiende la soberanía nacional y
se hace necesaria una consulta popular sobre este tema.

3.- La grave situación que atravesamos es consecuencia y responsabilidad de las
políticas del PSOE y del PP, que favorecieron la especulación del ladrillo y que, una vez
que comienza la crisis, dedican ingentes recursos económicos para ayudar a los
banqueros, siempre con la excusa de hacer así posible el crédito y el empleo. Junto a
ello está la responsabilidad de los gestores de las entidades financieras, muy
especialmente los de bastantes Cajas de Ahorro. Es absolutamente imprescindible que
se abra camino la Comisión de Investigación que va a pedir nuestro Grupo


Parlamentario en el debate del día 12 de junio de forma que puedan depurarse estas
responsabilidades, Comisión que debe tener su complemento en una auténtica
demanda social por la verdad sobre la crisis financiera.

4.- Es inaceptable que, si se destina a resolver los problemas de los banqueros, no
existan problemas para aumentar hasta casi 10 puntos de PIB la deuda pública,
mientras se reducen los gastos en educación, sanidad o dependencia, se recortan las
retribuciones de los empleados públicos y se ahoga a las Comunidades Autónomas y
los Ayuntamientos.

5.-Izquierda Unida exige la comparecencia del Presidente del Gobierno ante el
Congreso de los Diputados para que explique detalladamente el Plan de Rescate y sus
condiciones, especialmente los datos que se refieren a cantidades, tipos de interés,
plazos de pago, condiciones financieras y de cualquier otro tipo. Consideramos, así
mismo, imprescindible que los procedimientos de recapitalización se realicen bajo la
aprobación y el control del Congreso de los Diputados, que deberá aprobar las
instituciones que puedan recibir las ayudas, tras el correspondiente análisis de su
situación, la modalidad y condiciones financieras de las mismas, las exigencias de los
posibles planes de reestructuración y cualquier otra medida significativa.

6.- Dudamos de que este Plan de Rescate permita recuperar el crédito porque, hasta
ahora, los Bancos han podido financiarse bajo modelos más rentables: deuda pública
con alta rentabilidad y disponibilidades de liquidez a bajo interés. En la práctica, las
obligaciones que impone el Plan de Rescate son más rigurosas, bien bajo la fórmula de
provisiones, bien mediante capitalización a un interés mayor y, por tanto, el
argumento de que se facilitará el crédito es difícilmente sostenible si no hay una
imposición política y un cambio en la gestión. Por otra parte, el Plan de Rescate, que ya
consideramos de dudosa eficacia frente a los activos tóxicos, no parece que pueda
tener gran influencia en la enorme deuda exterior del sistema financiero español. Son,
por tanto, necesarias muchas más aclaraciones que las que ha facilitado el Gobierno
del PP.

7.- Izquierda Unida subraya que, frente a la crisis del sistema financiero, tiene una
alternativa sólida que es la construcción de una Banca Pública, a partir de la
nacionalización de las entidades intervenidas, que resuelva las necesidades de crédito
de las empresas y las familias. En el espacio europeo son precisas la democratización y
la transformación del BCE en un banco último prestamista, con capacidad para emitir
deuda pública, y la creación del Tesoro Público Europeo. En el mismo sentido,


Izquierda Unida se plantea la consideración como ilegitima de parte de la deuda
pública española.

8.- Izquierda Unida llama a toda la ciudadanía a participar en las movilizaciones que se
están convocando para dar una respuesta popular a las imposiciones del rescate
financiero y proponer una alternativa democrática y de progreso. Movilizaciones en las
que nos proponemos coincidir con el 15M, con los sindicatos y las organizaciones
sociales. Izquierda Unida se plantea, así mismo, adoptar iniciativas propias de
movilización en las próximas semanas.

miércoles, 6 de junio de 2012


Los retos de Río+20
Ignacio Ramonet
Le Monde Diplomatique

Brasil acoge en Río de Janeiro, del 20 al 22 de junio, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, llamada también “Rio+20” porque se ­celebra dos décadas después de la primera gran Cumbre de la Tierra de 1992. Asistirán a ella más de 80 jefes de Estado. Las discusiones se centrarán en torno a dos temas principales: 1) una “economía verde” en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza; y 2) el marco institucional para el desarrollo sostenible. En paralelo al evento oficial, también se celebra la Cumbre de los Pueblos que congrega a los movimientos sociales y ecologistas del mundo. 
Las cuestiones ambientales y los desafíos del cambio climático siguen constituyendo urgencias mayores de la agenda internacional (1). Pero esta ­realidad está siendo ocultada, en España y en Europa, por la gravedad de la crisis económica y financiera. Normal.
La eurozona atraviesa uno de sus momentos más difíciles a causa del ­fracaso manifiesto de las políticas de “austeridad a ultranza”. La recesión se ha instalado en varias economías, con un desempleo en alza y dramáticas tensiones financieras. España, en particular, vive sus momentos más preocupantes desde 2008; peores que cuando ­quebró el banco Lehman Brothers. La economía ha debido someterse a la auditoría de los inspectores de Bruselas. La prima de riesgo se disparó entrando en zona de intervención, y se han vuelto a despertar todas las dudas sobre la solvencia del sistema bancario español, arrastrado por la escandalosa quiebra de Bankia.
Ante el fracaso del Banco de España, y las dudas sobre la credibilidad del sistema financiero, se ha tenido que recurrir a un grupo de firmas “independientes” extranjeras para analizar la morosidad oculta de los bancos españoles (2). Entre los ciudadanos se extiende la idea de que España va a necesitar, de manera más o menos inmediata, el apoyo del Fondo de Rescate Europeo, como ya le ocurrió a Irlanda, Grecia y Portugal. El 62% de los españoles lo teme.
Cunde pues el pesimismo. El premio Nobel de economía Paul Krugman echó leña al fuego cuando, el mes pasado (3), avisó que es “muy posible” que Grecia abandone el euro en el curso de este mes de junio... Una salida de Atenas de la moneda única europea tendría como consecuencia inmediata la fuga de capitales hacia los paí­ses vecinos y la retirada en masa de los depósitos bancarios. Fenómenos que se contagiarían inevitablemente a Portugal e Irlanda y, sin duda, a España e Italia. Krugman vaticinó por cierto que no descartaba que, después, llegara a España y a Italia un corralito bancario (4)...
En esas preocupaciones estamos. Y por eso los ciudadanos europeos siguen con tanta atención la agenda electoral europea: elecciones legislativas francesas el 10 y el 17 de junio; nuevas elecciones griegas ese mismo día 17 de junio. Y la cumbre de Bruselas del 28 y 29 de junio que decidirá por fin si la Unión Europea sigue la senda alemana de la austeridad hasta la muerte, o si adopta la vía francesa del crecimiento y del resurgimiento. Dilema vital.
Pero ello, a pesar de su dramatismo, no debe hacernos olvidar que, a escala del planeta, hay otros dilemas vitales no menos decisivos. Y el principal de ellos es el desastre climático del que será cuestión, también este mes, en Río de Janeiro. Recordemos que, en 2010, el cambio climático fue la causa del 90% de los desastres naturales que ocasionaron la muerte de unas 300.000 personas, con un quebranto económico estimado en más de 100.000 millones de euros…
Otra contradicción: en Europa, los ciudadanos reclaman, con razón, más crecimiento para salir de la crisis; pero en Río, los ecologistas advertirán que el crecimiento –si no es sostenible– significa siempre mayor deterioro del medio ambiente y mayor peligro de agotamiento de los limitados recursos del planeta...
Los líderes mundiales, junto con miles de representantes de gobiernos, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y otros grupos de la sociedad civil, se reúnen pues en Río de Janeiro para definir precisamente una agenda global a fin de garantizar la sostenibilidad ambiental y también reducir la pobreza y promover la igualdad social. El debate central estará entre el concepto de “economía verde” que defienden los portavoces del neoliberalismo, y el de “economía ­solidaria”, promovida por los movimientos que creen que sin la superación del modelo actual de “desarrollo predatorio”, basado en la acumulación privada de riqueza, no habrá preservación ambiental.
Los países ricos acuden a Río con esa propuesta principal de la “economía verde”. Un concepto-trampa que se limita a designar, la mayoría de las veces, un simple camuflaje verde de la economía pura y dura de siempre. Un “enverdecimiento”, en suma, del ­capitalismo especulativo. Esos países desean que la Conferencia Rio+20 les otorgue un mandato de las Naciones Unidas para empezar a definir, a ­escala planetaria, una serie de indicadores de medición para evaluar económicamente las diferentes funciones de la naturaleza, y crear de ese modo las bases para un mercado mundial de servicios ambientales.
Esa “economía verde” desea no sólo la mercantilización de la parte material de la naturaleza ­sino la mercantilización de los procesos y funciones de la naturaleza. En otras palabras, la “economía verde”, como afirma el activista boliviano Pablo Solón, busca no sólo mercantilizar la madera de los bosques sino mercantilizar también la capacidad de absorción de dióxido de carbono de esos mismos bosques (5).
El objetivo central de esa “economía verde” es crear, para la inversión privada, un mercado del agua, del medio ambiente, de los océanos, de la biodiversidad, etc. Asignando precio a cada elemento del medio ­ambiente, con el objetivo de garantizar las ganancias de los inversores privados. De tal modo que la “economía verde”, en vez de crear productos reales, organizará un nuevo mercado inmaterial de bonos e instrumentos financieros que se negociarán a través de los bancos. El mismo sistema bancario culpable de la crisis financiera del 2008, que recibió miles de millones de euros de los gobiernos, dispondrá así, a su antojo, de la Madre Naturaleza para seguir especulando y realizando de nuevo cuantiosas ganancias.
Frente a estas posiciones, paralelamente a la Conferencia de la ONU, la sociedad civil organiza en Río la Cumbre de los Pueblos. En este foro se presentan alternativas en defensa de los “bienes comunes de la humanidad”. Producidos por la naturaleza o por grupos humanos, a nivel local, nacional o global, estos bienes deben ser de propiedad colectiva. Entre ellos están el aire y la atmósfera, el agua, los acuíferos –ríos, océanos y ­lagos–, las tierras comunales o ancestrales, las semillas, la biodiversidad, los parques ­naturales, el lenguaje, el paisaje, la memoria, el ­conocimiento, ­Internet, los productos distribuidos con licencia libre, la información genética, etc. El agua dulce empieza a ser vista como el bien común por excelencia, y las luchas contra su privatización –en varios Estados– han tenido notable éxito.
Otra idea que preconiza la Cumbre de los Pueblos es la de una transición gradual entre una civilización antropocéntrica y una “civilización biocéntrica”, centrada en la vida, lo que implica el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza y la redefinición del buen vivir y de la prosperidad de modo que no dependan del crecimiento económico infinito. También defiende la soberanía alimentaria. Cada comunidad debe poder controlar los alimentos que produce y consume, acercando consumidores y productores, defendiendo una agricultura campesina y prohibiendo la especulación financiera con los alimentos.
En fin, la Cumbre de los Pueblos reclama un vasto programa de “consumo responsable” que incluya una nueva ética del cuidado y del compartir; una preocupación contra la obsolescencia artificial de los productos; una preferencia por los bienes producidos por la economía social y solidaria basada en el trabajo y no en el capital; y un rechazo del consumo de productos realizados a costa del trabajo esclavo (6).
La Conferencia Rio+20 ofrece así la ocasión a los movimientos sociales, a escala internacional, de reafirmar su lucha por una justicia ambiental en oposición al modelo de desarrollo especulativo. Y su rechazo del intento de “enverdecimiento” del capitalismo. Según esos movimientos, la “economía verde” no constituye una solución a la crisis ­ambiental y alimentaria. Al contrario, se trata de una “falsa solución” que agravará el problema de la mercantilización de la vida (7). En suma, un nuevo disfraz del sistema. Y los ciudadanos están cada vez más hartos de los disfraces. Y del sistema.