viernes, 30 de septiembre de 2011

SITUACIÓN ECONÓMICA DEL AYUNTAMIENTO





IU CONSIDERA QUE LA LEY DEL OLIVAR NO RESOLVERÁ LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DEL SECTOR

El Coordinador Provincial de IU, Luis Segura, ha manifestado hoy que IU no ha respaldado la Ley del Olivar en el Parlamento Andaluz porque, al ser rechazadas sus enmiendas, este texto legal va a ser ineficaz para resolver los principales problemas del aceite de oliva.


Segura considera que la crisis actual del olivar viene motivada por unos precios ridículos en origen, que son consecuencia de que, en 1998, la Unión Europea rechazara (con el voto del PP y del PSOE) el informe de Salvador Jové, que propugnaba mantener el mecanismo de intervención (garantía de precio mínimo), prohibir las mezclas y ligar las ayudas a la producción. Desde este momento, el mal llamado “libre juego del mercado” tiene intervenidos los precios, a la baja, por la actuación implacable de unas cuantas empresas multinacionales de almacenamiento y distribución.

La nueva ley no contempla, como ha propuesto IU en el Parlamento Andaluz, dotación presupuestaria suficiente para que se aplique. Tampoco regula la prohibición de las mezclas, ni liga las ayudas a explotaciones que creen empleo y realicen prácticas medioambientales, aspectos todos ellos propuestos por IU y rechazados por la mayoría parlamentaria del PSOE.


El Coordinador Provincial de IU considera que nos encontramos ante un nuevo caso de textos legales que elevan la cantidad de producción normativa sin contenidos reales, creando falsas expectativas. Por ejemplo, la reiterada muletilla de que la nueva ley “fijará la población al territorio” no es más que eso, una frase hecha desde hace muchos años, que contrasta con el hecho estadístico de la pérdida de población de la provincia de Jaén.

Finalmente, Luis Segura considera que el futuro del olivar dependerá del grado de protección en la línea de las propuestas contenidas en el Informe Jové: mecanismo de intervención para garantizar precios mínimos, prohibición de las mezclas, ligar la ayuda a la producción, mayor modulación de las ayudas y aumento del presupuesto de la UE para la PAC.


Jaén, 29 de septiembre de 2.011
GABINETE PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN DE IULV-CA

domingo, 25 de septiembre de 2011

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN: UN ATENTADO AL CONSENSO DE LA TRANSICIÓN

ALCALDES Y CONCEJALES DE IULV-CA EN LA PROVINCIA PIDEN EN SUS AYUNTAMIENTOS QUE LA REFORMA CONSTITUCIONAL SEA SOMETIDA A REFERÉNDUM

Los cargos públicos de la federación de izquierdas acusan a PSOE y PP de negar a la ciudadanía el derecho de votar un asunto tan fundamental

Los alcaldes de Villatorres, Canena y Lupión, Sebastian López, Juan Serrano y Gonzalo Ruiz, junto a los portavoces de Andújar, Juan Antonio Sáez y Úbeda, Diego de la Cruz, han dado a conocer la moción presentada en los Ayuntamientos de la provincia para que estos manifiesten su oposición a la modificación de la Constitución Española acordada por PSOE y PP, referida a la introducción de un límite en el techo del gasto público de las administraciones públicas.

Según el coordinador provincial de política institucional, Manuel Pegalajar, presente en el acto, esta reforma constuticional, forma parte de paquete de medidas ultraliberales que los mercados y Unión Europea, están reclamando a los gobiernos europeos como supuestas medidas de superación de la crisis económica.

Para Sebastian López, alcalde de Villatorres, el contenido de la modificación altera sustancialmente el artículo 1 de la Constitución que, declara a España como un Estado social y democrático de Derecho, y supone un ataque frontal al Estado del Bienestar, puesto que es precisamente el gasto público el que determina el acceso universal de toda la ciudadanía a la educación, a la sanidad, a la justicia, a los servicios sociales, a las pensiones… en definitiva, a todas y cada una de las prestaciones a las que tiene derecho.

Juan Serrano, alcalde de Canena propone que los Ayuntamientos se dirijan a los/as diputados/as y senadores/as del Congreso y del Senado para que, una vez superados los trámites en las respectivas Cámaras, soliciten que esta reforma sea sometida a referéndum para su ratificación.

Jaén, 19 de septiembre de 2.011




sábado, 24 de septiembre de 2011

CONVOCATORIA DE PLENO ORDINARIO



miércoles, 14 de septiembre de 2011

DISCULPAS POR EL DESCUIDO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL BLOG

Desde IU queremos pedir disculpas por lo descuidado que hemos tenido el blog durante estos meses; las vacaciones de por medio, unido al trabajo en el ayuntamiento (organización de fiestas, proyectos ...) han sido la justificación principal de este descuido . Como podéis comprobar se está empezando a funcionar otra vez. Por supuesto, pedir también disculpas por el chorro de comentarios que no han sido publicados hasta hoy; sinceramente ha sido descuido en la administración del blog y no conveniencia política, porque como podéis comprobar, han sido publicados todos y cada uno de los comentarios recibidos tanto para bien como para mal para esta formación política. Eso sí, en los comentarios procurad no llegar al insulto personal porque esos comentarios si que no van a ser publicados. Ni que decir tiene que esta formación invita a todos a opinar y por supuesto, está abierta a recibir, bien por este blog como por facebook, todas las sugerencias que los vecinos estimen oportunas. Gracias de antemano por vuestra comprensión.

domingo, 11 de septiembre de 2011

UN CONTRATO PEDAGÓGICO

Luis García Montero


La metáfora del Contrato se aplicó al pensamiento social y político para llamar la atención sobre la autoridad de los seres humanos sobre su propio destino. El futuro no dependía de leyes divinas o naturales, sino de la capacidad de tomar acuerdos y de vivir en comunidad. Por eso el contrato social fue inseparable, desde los orígenes del pensamiento democrático, de un contrato pedagógico. La tarea de formar ciudadanos libres e informados, con conciencia crítica, capaces de denunciar los desmanes del poder y de asegurar una convivencia justa, es un compromiso irrenunciable. El pensamiento democrático no tiene por qué asumir pecados originales. Pero sí necesita recordar sus compromisos originales, los valores que están en su origen. La educación pública es uno de los más importantes. La libertad y la igualdad resultan imposibles sin ella.

Los recortes que está sufriendo la educación pública en la Comunidad de Madrid son un ejemplo iluminador del grave retroceso democrático que estamos viviendo. En realidad, pueden ayudarnos a entender con claridad el sentido de la crisis económica y la estrategia social y cultural que nos envuelve.

Se recortan 80 millones de euros en educación pública para desplazarlos a la mejora de la educación privada o privada-concertada. Eso supone una degradación inmediata de la calidad educativa que ofrece el Estado como un ámbito cívico. Se debilita la capacidad de ofrecer una enseñanza libre, no sometida a intereses ideológicos y económicos particulares, y se renuncia a equilibrar las desigualdades entre los alumnos. La pérdida de 3.000 profesores, que se suman a los 2.000 del año pasado, implica un deterioro grave en la organización docente y en la atención a los alumnos y a los padres. Pero también supone la decisión calculada de no generar sentimientos de convivencia y de vinculación a la comunidad.

¿Un problema de ahorro? La Comunidad de Madrid ha renunciado voluntariamente a una parte de sus ingresos. Cuando permite desgravar en los impuestos autonómicos el dinero invertido en educación de pago, está invitando a las familias a que se olviden de la enseñanza pública. Debemos buscar en las ofertas del mercado la educación de nuestros hijos. Este proceso irá aumentando de manera lógica en la medida en que la calidad de los centros públicos se degrade. Más que a una crisis económica, asistimos a una estrategia premeditada. Se trata de expulsar a las clases medias de los servicios públicos. Cuando el Estado sólo tenga como destinatarios a los ciudadanos más pobres, el deterioro se acentuará hasta el punto de confundir los derechos y los amparos cívicos con las instituciones de caridad. Al final de este camino, la educación y la sanidad pública están condenadas a convertirse en casas de misericordia.

Significativa e impúdica es la maniobra de utilizar la falsedad informativa para justificar la situación. Una vez más se criminaliza a la víctima. Difundir la opinión de que los profesores trabajan poco y son unos privilegiados supone una injusticia de especial gravedad. Además de las horas de clase, un profesor tiene obligaciones de tutorías, atención a los padres y alumnos, gestión en los centros y los departamentos, actividades extraescolares, preparación de sus lecciones y renovación de sus conocimientos. A lo largo de los últimos años, la sociedad española ha sufrido un verdadero cambio antropológico, pasando del subdesarrollo al capitalismo avanzado. Como hemos sido incapaces de consolidar una defensa de los valores públicos, el desprestigio de las costumbres represivas dio paso a la simple impertinencia y la falta de respeto. En la caricatura educativa, la imagen del profesor castigando con severidad torturadora es menos frecuente hoy que la de los padres o los alumnos comportándose con una agresividad indebida. Por eso resulta tan grave poner al profesorado en el ojo de huracán a través del populismo demagógico.

El deterioro de la educación pública, además de un reparto de negocios particulares, responde a la estrategia de excluir los compromisos sociales de la relación entre individuos. Al romper el contrato pedagógico, estamos poniendo nuestro futuro en manos de los mercados. Después de lo que llevamos visto, ¿no es un disparate?


viernes, 9 de septiembre de 2011

LA CONSTITUCIÓN DE LOS MERCADOS


ANA MORENO SORIANO

Durante más de treinta años, hemos oído que la Constitución Española de mil novecientos setenta y ocho era la Constitución del consenso: lo expresaban los niños de los colegios en sus murales; los ponentes, en sus charlas, y los tertulianos, en sus mesas redondas; se recordaba en los reportajes que emitían los medios de comunicación, en las columnas de opinión, en la jornada de puertas abiertas del Congreso de los Diputados… Explicábamos que el seis de diciembre se conmemoraba la Constitución del consenso, porque había estado precedida de un largo e intenso proceso de debate y éste había dado sus frutos en un articulado que podían defender los distintos partidos que participaron en su elaboración, aunque no fuera la que cada uno de ellos, según su ideología y sus objetivos políticos, hubieran deseado. Repetíamos que se había conseguido un texto legal que hacía posible la convivencia democrática y que permitía distintos programas políticos dentro del marco constitucional.

Las mujeres, sometidas a una discriminación de siglos, y a la más reciente de la dictadura, sabíamos que tenemos garantizada la igualdad –al menos, ante la ley-, en el artículo catorce. Veíamos, en el artículo diez, un enfoque humanista, al declarar que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y los derechos de los demás son fundamento del orden político. Encontrábamos, en el artículo veintinueve, un mandato a los poderes públicos para que los trabajadores puedan acceder a la propiedad de los medios de producción y, en el artículo ciento treinta y uno, la planificación democrática general para atender las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución. La Constitución recoge el derecho al trabajo, a una vivienda digna, a la protección de la salud, a la educación, a prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo, a una pensión adecuada y periódicamente actualizada para las personas mayores y a un sistema de servicios sociales para promover el bienestar de los ciudadanos. Y teníamos, en el artículo primero, la definición de España como un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Está claro que todos estos derechos constitucionales podían haber sido la hoja de ruta de los sucesivos gobiernos, en los treinta y cuatro años que va a cumplir la Carta Magna, pero no ha sido así, a pesar de haber gobernado el Partido Socialista en varias legislaturas, las dos últimas, tras las Elecciones Generales de dos mil cuatro y dos mil ocho. Está claro también que la Constitución se puede reformar y, en ese caso, debe hacerse, según se recoge en el Titulo Octavo; pero las reformas pueden servir para avanzar en el estado social o para retroceder. Se podría reformar, por ejemplo, para dar más garantías a los derechos fundamentales de las personas, para introducir mecanismos de progresividad fiscal y lucha contra el fraude, para profundizar el estado federal y poder elegir entre Monarquía hereditaria o República, para acabar con una ley electoral que favorece, con total impunidad, el bipartidismo, y para garantizar un estado laico.

La propuesta del Gobierno eleva la política neoliberal a rango constitucional, y han sido los dos partidos mayoritarios, es decir, el bipartidismo, los artífices de esta reforma, que incluirá la limitación estricta del déficit y la deuda, y la prevalencia absoluta en el pago de la deuda sobre cualquier otro gasto público. El PSOE y el Partido Popular están de acuerdo, no sólo en que se ponga en peligro el Estado Social, sino en que salte hecha añicos la idea del consenso, ya que otros partidos, que estuvieron en la elaboración de la Constitución de mil novecientos setenta y ocho, se han desmarcado de esta reforma. A partir de ahora, será la Constitución de los mercados, consensuada por el bipartidismo, para mayor gloria del capital.