LA VOZ DE LA IZQUIERDA

VALDERAS CONTRA LOS ABUSOS EN LAS HIPOTECAS


A iniciativa de la Secretaria General de Consumo, Lola
Muñoz, el Vicepresidente de la Junta y Consejero de Administración
Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas,
ha anunciado durante su última comparecencia parlamentaria
la redacción de la “Ley de protección de Consumidores
de Productos Hipotecarios de Andalucía”.

Es la reacción política de la izquierda ante el drama social
de los desahucios que es, junto con el desempleo, la cara
más dura de la actual crisis económica y financiera.

Este drama tiene su origen en la política de suelo y el modelo basado en la construcción que
puso en marcha en 1998 el Gobierno de José María Aznar, a partir de la ley del Suelo 6/1998.
Esta política generó una burbuja inmobiliaria que estalló en 2008 y que fue el inicio de esta
larga crisis de sistema que padecemos. Ningún Gobierno reaccionó ante esta situación.

Centenares de miles de familias entraron en un sistema perverso de hipotecas que, como
recogen las conclusiones de la Abogada General del Tribunal de Justicia de la UE, Juliane
KoKott, la Ley española hipotecaria viola la directiva europea 93/13 de la UE al introducir
clausulas abusivas por parte de la banca y cuyo incumplimiento generan el desalojo forzoso.

La actual Ley Hipotecaria (de 1946) es la clave del perverso sistema actual y sin su modificación
a fondo por parte del Gobierno Central (el competente en esta materia) es imposible dar
una respuesta definitiva al drama del desahucio.

Con esta nueva ley que propone Diego Valderas, el Gobierno de la Junta de Andalucía deja la
NEUTRALIDAD y se pone al lado de los 8.5 millones de consumidores andaluces que se
pueden ver afectados por malas prácticas de la banca a la hora de suscribir una hipoteca para
una vivienda o para montar un pequeños negocio.

La nueva Ley de Protección de los Consumidores andaluces es una ley de futuro para evitar que
muchos otros ciudadanos sean víctimas de unos
productos financieros hostiles y que incumplen
el derecho al acceso a una vivienda que recoge
la Constitución o la normativa Europea.

Por eso nos rebelamos contra el actual estado
de las cosas y apostamos por la intervención de
los poderes públicos, para que estos sean
sinónimo de la defensa de los más débiles, para
amparar a la mayoría social frente al insaciable
apetito de los mercados.