MOCIÓN APROBADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES A PROPUESTA DE IU.
El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IU LV-CA) de este Ayto., al amparo de lo establecido en el art. 91.4 y 97.3 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete a la consideración del Pleno de la Corporación Municipal, para su debate y aprobación, si procede, la siguiente moción sobre
EL REAL DECRETO-LEY DE MORATORIA DE DESAHUCIOS
Exposición de Motivos.- El Consejo de Ministros del pasado 15 de noviembre aprobó un Real Decreto Ley “de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios”, que se ha revelado absolutamente insuficiente nada más hacerse público porque no aborda en profundidad y con voluntad real el trágico problema de los desahucios.
El citado Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, establece dos medidas:
a) La paralización durante dos años de los desahucios que afecten a los colectivos que cumplan estos requisitos:
1. No superar el nivel de rentas de 1.597 euros;
2. Haber multiplicado la carga hipotecaria, al menos, por un 1,5 en los últimos cuatro años;
3. Superar la cuota hipotecaria el 50 por 100 de los ingresos netos;
4. Tener un crédito garantizado con hipoteca sobre la única vivienda en propiedad;
5. Y, además, encontrarse en alguna de estas circunstancias:
• Ser familias numerosas de acuerdo con la definición en la legislación vigente.
• Constituir una unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.
• Ser familias con algún menor de tres años.
• Tener a su cargo a personas en situación de discapacidad superior al 33 por 100 o dependencia que incapacite de modo permanente para una actividad laboral.• Ser deudores en paro y sin prestación por desempleo
• Constituir unidades familiares en las que convivan en la misma vivienda una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consangüineidad o afinidad y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que le incapacite de forma temporal o permanente para una actividad laboral.
• Estar en algunos supuestos de violencia de género.
b) Creación urgente de un Fondo Social de Viviendas, con un parque de viviendas destinadas al alquiler con precios bajos para personas que han perdido su vivienda.
Este Real Decreto-Ley es a todas luces injusto e insuficiente, ya que establece una casuística para los colectivos que pudieran beneficiarse del desahucio que no aborda con rigor ni valentía un problema que ha pasado de drama a tragedia social, tras los últimos acontecimientos donde personas desesperadas por el desahucio han puesto fin a sus vidas, situando el problema en su trágica dimensión.
El Real Decreto-Ley plantea una moratoria de dos años, tras los que sigue vigente, por tanto, la amenaza del desahucio a colectivos en los que tienen que darse al mismo tiempo unos requisitos que no van a abarcar a la diversidad y complejidad de un problema que ataca uno de los derechos reconocidos en la Constitución Española, y cuestiona y destruye uno de los derechos humanos básicos, el de que todas las personas disfruten de una vivienda digna.
Actualmente existen 400.000 familias desahuciadas de sus viviendas que, a pesar de haber perdido su casa, mantienen la deuda perpetua con el banco, en un caso que evidencia como pocos la crisis-estafa en la que estamos viviendo, con un marco normativo obsoleto, como lo evidencia la franquista Ley Hipotecaria española de 1946.
No se trata solo de los desahucios; se trata de la deuda y la carga hipotecaria de las personas que pesan como una losa para salir de un círculo vicioso provocado por una situación a todas luces injusta, y por unas leyes vigentes que son una estafa y que sitúan a las personas al pairo de las entidades financieras, ante las que el Gobierno central no muestra intención política de confrontar en favor de la ciudadanía más vulnerable.
Los ayuntamientos andaluces, que conforman la administración más cercana a la ciudadanía, no pueden permanecer ajenos a este drama que afecta a muchos de sus vecinos y vecinas, sino que deben erigirse como parte del Estado que, como en otras importantes ocasiones y momentos en los que la sociedad lo ha demandado, ponga en el centro del debate político la necesidad de actuaciones urgentes sobre las personas amenazadas de desahucios, así como cambios normativos que den solución a uno de los problemas más graves con los que se encuentra actualmente la sociedad española.
Por todo lo expuesto, quien suscribe en nombre del Grupo Municipal de IU LV-CA propone al Pleno de la Corporación Municipal la adopción de los siguientes
ACUERDOS
1º.- Exigir la retirada del citado Real Decreto-Ley y su sustitución por una profunda reforma legal que contemple:
a) La paralización inmediata de todos los desahucios.
b) La dación en pago con carácter retroactivo.
c) El alquiler social como solución alternativa.
d) La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
e) La reforma de la Ley Hipotecaria, que contemple una quita de la deuda privada por la adquisición de la vivienda.
2º.- En consonancia con el acuerdo anterior, apoyar la Iniciativa Legislativa Popular sobre la Proposición de Ley de la regulación de la dación en pago, de la paralización de los desahucios y de alquiler social.
3º.- Promover actuaciones de mediación ante las entidades financieras y de información de las familias en riesgo de desahucio, con el apoyo de las oficinas provinciales del Programa Andaluz en defensa de la Vivienda, que eviten los desahucios.
4º.- Apoyar institucionalmente a cuantos foros, plataformas y convocatorias en defensa del derecho a la vivienda se organicen para la consecución de los objetivos arriba enunciados.
5º.- Dar traslado de la presente moción a la Subdelegación del Gobierno central y a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de la provincia.
Grupo Municipal de IU LV-CA.
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