domingo, 11 de septiembre de 2011

UN CONTRATO PEDAGÓGICO

Luis García Montero


La metáfora del Contrato se aplicó al pensamiento social y político para llamar la atención sobre la autoridad de los seres humanos sobre su propio destino. El futuro no dependía de leyes divinas o naturales, sino de la capacidad de tomar acuerdos y de vivir en comunidad. Por eso el contrato social fue inseparable, desde los orígenes del pensamiento democrático, de un contrato pedagógico. La tarea de formar ciudadanos libres e informados, con conciencia crítica, capaces de denunciar los desmanes del poder y de asegurar una convivencia justa, es un compromiso irrenunciable. El pensamiento democrático no tiene por qué asumir pecados originales. Pero sí necesita recordar sus compromisos originales, los valores que están en su origen. La educación pública es uno de los más importantes. La libertad y la igualdad resultan imposibles sin ella.

Los recortes que está sufriendo la educación pública en la Comunidad de Madrid son un ejemplo iluminador del grave retroceso democrático que estamos viviendo. En realidad, pueden ayudarnos a entender con claridad el sentido de la crisis económica y la estrategia social y cultural que nos envuelve.

Se recortan 80 millones de euros en educación pública para desplazarlos a la mejora de la educación privada o privada-concertada. Eso supone una degradación inmediata de la calidad educativa que ofrece el Estado como un ámbito cívico. Se debilita la capacidad de ofrecer una enseñanza libre, no sometida a intereses ideológicos y económicos particulares, y se renuncia a equilibrar las desigualdades entre los alumnos. La pérdida de 3.000 profesores, que se suman a los 2.000 del año pasado, implica un deterioro grave en la organización docente y en la atención a los alumnos y a los padres. Pero también supone la decisión calculada de no generar sentimientos de convivencia y de vinculación a la comunidad.

¿Un problema de ahorro? La Comunidad de Madrid ha renunciado voluntariamente a una parte de sus ingresos. Cuando permite desgravar en los impuestos autonómicos el dinero invertido en educación de pago, está invitando a las familias a que se olviden de la enseñanza pública. Debemos buscar en las ofertas del mercado la educación de nuestros hijos. Este proceso irá aumentando de manera lógica en la medida en que la calidad de los centros públicos se degrade. Más que a una crisis económica, asistimos a una estrategia premeditada. Se trata de expulsar a las clases medias de los servicios públicos. Cuando el Estado sólo tenga como destinatarios a los ciudadanos más pobres, el deterioro se acentuará hasta el punto de confundir los derechos y los amparos cívicos con las instituciones de caridad. Al final de este camino, la educación y la sanidad pública están condenadas a convertirse en casas de misericordia.

Significativa e impúdica es la maniobra de utilizar la falsedad informativa para justificar la situación. Una vez más se criminaliza a la víctima. Difundir la opinión de que los profesores trabajan poco y son unos privilegiados supone una injusticia de especial gravedad. Además de las horas de clase, un profesor tiene obligaciones de tutorías, atención a los padres y alumnos, gestión en los centros y los departamentos, actividades extraescolares, preparación de sus lecciones y renovación de sus conocimientos. A lo largo de los últimos años, la sociedad española ha sufrido un verdadero cambio antropológico, pasando del subdesarrollo al capitalismo avanzado. Como hemos sido incapaces de consolidar una defensa de los valores públicos, el desprestigio de las costumbres represivas dio paso a la simple impertinencia y la falta de respeto. En la caricatura educativa, la imagen del profesor castigando con severidad torturadora es menos frecuente hoy que la de los padres o los alumnos comportándose con una agresividad indebida. Por eso resulta tan grave poner al profesorado en el ojo de huracán a través del populismo demagógico.

El deterioro de la educación pública, además de un reparto de negocios particulares, responde a la estrategia de excluir los compromisos sociales de la relación entre individuos. Al romper el contrato pedagógico, estamos poniendo nuestro futuro en manos de los mercados. Después de lo que llevamos visto, ¿no es un disparate?


1 comentario:

Anónimo dijo...

No son 3000 interinos son 1500 y además de estos más de uno tendran que cubrir bajas, lo que no puede ser y segun la ley pactada con sindicatos metan algarabias cuando pueden poner 21 horas y pondrán 20por semana, es decir lo pactado con los sindicatos, y no os preocupais de como esta la educación en andalucia que es una pena y os vais a madrid.