LA VOZ DE LA IZQUIERDA

A LA EXCMA. SRA. MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL










POR UN “PER ESPECIAL” Y LA ELIMINACIÓN DEL REQUISITO DE PEONADAS PARA ACCEDER AL SUBSIDIO AGRARIO



Las adversas condiciones climatológicas que se han dado en el último año hidrológico, con numerosas heladas, ausencia de lluvias y altas temperaturas han provocado que se confirmen los peores augurios para el olivar y otros cultivos, generando una situación que puede ser alarmante en los próximos meses en una provincia, como la nuestra, con una alta dependencia del monocultivo del olivar. Tanto las cooperativas como las organizaciones agrarias coinciden en que la actual campaña oleícola va a sufrir una drástica reducción de la producción, que se puede situar por encima del 70%. El escenario se agudizará, ya que muchos olivareros no realizarán la recogida de aceituna de su explotación por la baja producción y, por tanto, nula rentabilidad. Así, la provincia de Jaén y el campo andaluz en general se encontrarán ante un grave problema social derivado de una merma muy importante en la campaña oleícola por la reducción en la misma proporción del número de jornales en la campaña de recogida de la aceituna, en un sector del que dependen el 90% de los municipios de la provincia de Jaén.

A las pésimas previsiones para la actual campaña se añaden los datos de desempleo que, según la EPA del tercer trimestre de 2012, sitúan a Jaén como la provincia con mayores niveles de desempleo de toda Andalucía, con una tasa del 39,13%, lo que supone casi 4 puntos por encima de la media andaluza.

Por otra parte, el popularmente denominado “Plan de Empleo Rural” ha jugado un importante papel en las zonas rurales, las cuales tradicionalmente habían estado sometidas al abandono y la marginación, relegándolas a la consideración de territorios en los que albergar un ejército de mano de obra de reserva para su utilización durante la campaña agrícola y en aquellos procesos productivos que pudieran ponerse en marcha en las grandes ciudades y en otros territorios del Estado. El PER, que afecta a Andalucía y Extremadura, suponía el desarrollo de tres líneas de intervención: Formación, empleo y protección social. Este Plan ha sido la base sobre la que se ha apoyado la transformación social de las zonas rurales de nuestro territorio. Sin embargo, ha sido denostado hasta la saciedad, y aún hoy sigue siéndolo, precisamente por aquellos que justificaban y reforzaban las estrategias de abandono y marginación. Sin embargo, el PER permitió que nuestros pueblos fueran adquiriendo unas infraestructuras y dotaciones de las que hasta entonces carecían.

La implementación del PER en los municipios rurales permitió, en primer lugar, que el conjunto de la población jornalera pudiera tener acceso a un sistema de protección, en forma de Subsidio Agrario, que se le había negado de manera sistemática hasta ese momento. El acceso al Subsidio Agrario supuso la posibilidad de que cada persona jornalera adquiriera dignidad como trabajadora y pudiera garantizar unos ingresos básicos para el sostenimiento de su familia. Por otro lado, el PER ha permitido a los trabajadores agrarios que pudieran complementar la renta familiar con la realización de trabajos fuera del campo, cuando las faenas agrícolas decaían o el trabajo en el campo no existía, mediante programas de obras públicas desarrollados desde los ayuntamientos andaluces que permitían ofrecer a los trabajadores agrarios unas rentas complementarias para ayudar a cubrir las necesidades, a la vez que facilita la práctica laboral en nuevas profesiones que permiten completar así la formación laboral recibida.

El actual Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) es un instrumento que, a través de subvenciones a los ayuntamientos, permite realizar inversiones en el mundo rural y contribuye a fijar en éste a la población. Fue establecido en 1986, con el nombre de Plan de Empleo Rural y en sustitución del llamado “empleo comunitario”. El PER estaba destinado a las comunidades de Andalucía y Extremadura para que contratasen a trabajadores eventuales agrarios jornaleros en paro y facilitar así un período de empleo y el acceso a un subsidio especial de desempleo.

Hay que distinguir entre el Programa de Fomento de Empleo Agrario (antes PER) y el subsidio por desempleo para los jornaleros. El primero existe también en Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia. El segundo no. El “PER” consiste en que el Estado destina un fondo anual para que los ayuntamientos realicen obras y contraten a jornaleros en paro. El dinero va a los consistorios, que presentan sus proyectos de obras a los directores provinciales de Empleo (dependientes del Ministerio) para que los aprueben. A priori, reciben el 70% y el resto al acabar las obras y justificar los contratos hechos. Si no, deben devolver el dinero. A andaluces y extremeños esos contratos les sirven para completar las peonadas que necesitan para cobrar el subsidio. En1986 se creó un subsidio para la población rural andaluza y extremeña que reúnan 35 peonadas al año y con un tope de renta anual. En Andalucía este subsidio lo cobran unas 250.000 personas de las 470.000 inscritas y ronda entre los 426 y los 569 euros mensuales.

Hoy, más que nunca, el Plan de Empleo Rural (PFEA) resulta básico e imprescindible para nuestras zonas rurales, siendo necesario adoptar algunas medidas particulares que refuercen la capacidad protectora y de garantía de rentas que dicho plan tiene.



Es por todo ello que los alcaldes-as, concejales-as y el conjunto de cargos públicos de IULV-CA de la provincia de Jaén instamos al Gobierno de la Nación, a través de la Subdelegación del Gobierno en Jaén a:

1º.- Poner en marcha, con carácter de urgencia, un Programa de Fomento del Empleo Agrario Especial, con fondos extraordinarios, para ayudar al mundo rural a superar la terrible crisis económica y la falta de actividad agrícola por la que estamos atravesando.

2º.- Eliminar, durante los próximos 24 meses, el requisito de tener un número de peonadas para poder acceder al Subsidio Agrario, con efectos desde el año 2012 hasta el año 2014.

3º.- Desarrollar programas de formación profesional en las zonas rurales para mejorar la capacidad laboral y profesional en el medio rural andaluz.

Jaén, 30 de noviembre de 2012.