ANA MORENO SORIANO
Hace unos días, en una serie de TVE, aparecía un policía de aquellos que habían perseguido y aterrorizado a jóvenes, cuyo delito era luchar contra la dictadura franquista y conquistar para España las libertades democráticas, arrebatadas por la fuerza con el golpe de estado de mil novecientos treinta y seis. El actor, sin duda, se había trabajado a fondo el personaje: cínico, amoral, autoritario, sarcástico, un fascista con patente de corso para hacer y deshacer en las oscuras dependencias de la Dirección General de Seguridad; me llamó la atención, sobre todo, el desprecio con el que hablaba de la democracia –¡en la serie era el año mil novecientos ochenta y dos!- y su jactancia para decir que el pasado estaba olvidado, que nadie quería removerlo y que ahora todos, -él también, qué sarcasmo- eran demócratas. Con la arrogancia de la seguridad; con la impunidad del poder; con la presunción de que todo estaba atado y bien atado…
Durante años, las víctimas del franquismo, sus familiares, sus amigos, sus compañeros, han clamado en el desierto por la verdad, la justicia y la reparación; han acumulado testimonios desde el dolor para sacarlos a la luz y recuperar una memoria histórica y democrática a la que tienen derecho; han pedido que se investigue la desaparición de miles de personas; han escrito textos con testimonios que erizan la piel a quienes los leen y han sentido la vergüenza de que tenga que ser una juez argentina quien señale y pida la extradición de los torturadores… Se han organizado para luchar por su derecho a que se conozca la Historia, a mirar el futuro sin ocultar el pasado.
En diciembre de dos mil siete, el Gobierno de Rodríguez Zapatero aprobó la Ley de Memoria Histórica, pero el tiempo ha dado la razón a quienes, ya en aquel momento, pensamos que no era suficiente… Se entiende, por lo tanto, la satisfacción de la ciudadanía por la decisión del Gobierno Andaluz del pasado martes de dar luz verde al anteproyecto de Ley de la Memoria Democrática, uno de los acuerdos contenidos en el pacto de gobierno entre Izquierda Unida y PSOE y que, cuando termine el trámite parlamentario, será una referencia legal para todo el Estado por muchas causas, de las que voy a señalar algunas: tiene un carácter transversal que implica a varias Consejerías; abarca en el tiempo desde la proclamación de la Segunda República hasta la entrada en vigor del Estatuto Andaluz; amplía la definición de víctimas del franquismo y elaborará un censo de la represión en Andalucía; la Junta realizará, de oficio, las actuaciones de localización, recuperación e identificación de las fosas del franquismo y constituirá un Banco de ADN, donde se realizarán pruebas genéticas que permitan la identificación de los restos óseos que se encuentren; fijará un plazo un plazo de dieciocho meses para retirar cualquier símbolo fascista -escudos, placas y otros elementos alegóricos, como el nombre de calles, plazas y avenidas que exalten el franquismo- y no habrá razones artísticas para mantener ninguno de estos elementos, una obligación que recae también en instituciones privadas, incluida la iglesia; el Consejo de Gobierno de Andalucía instará al Gobierno de España para la declaración de nulidad de los tribunales del franquismo; hay un reconocimiento expreso al trabajo del movimiento asociativo en este campo y, una razón muy importante, la Memoria Democrática se inserta en el currículo de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Educación Permanente de Adultos e impulsa la colaboración con Universidades para su inclusión.
Desde el Sur de Europa, una Ley inspirada en los principios de verdad, justicia y reparación rescata a las víctimas del franquismo del olvido y reconoce su lucha por la libertad, la justicia y la democracia… El policía de la serie de TVE no imaginaba que esto pudiera ocurrir: no pensó que un pueblo consciente se reconoce siempre en su memoria. Como Andalucía, con esta nueva Ley.
